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Sumar presenta una proposición de ley para la creación de una oficina de prevención de la corrupción

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado este jueves una Proposición de Ley para la creación de la Oficina de prevención de la corrupción. El organismo tendría como objetivo prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos. Según la propuesta, anunciada por la vicepresidenta  segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hace semanas a raíz del caso Koldo —la supuesta red corrupta que cobró comisiones por la compra de mascarillas al inicio de la pandemia y en la que está investigado Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos—, el organismo contará con “independencia y autonomía” y su presidencia será elegida por el Pleno del Congreso por mayoría de tres quintos.

Fuentes de Sumar han reconocido que pese a que ha habido contactos con el socio de Gobierno, el PSOE, aún no tiene el texto de la PL.

Entre otras medidas, la Oficina creará un sistema preventivo de alertas tempranas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, en el ámbito de la Administración General del Estado. También elaborará una “estrategia integral de prevención de la corrupción e impulso de la integridad pública” y promoverá la elaboración de planes de prevención propios. 

La potestad de investigación permitirá al personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina el ejercicio de “funciones de investigación e inspección para el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”. El texto especifica, por tanto, que este podrá “personarse, acreditando la condición de autoridad o agente de la Oficina, en cualquier dependencia de las Administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público” incluidos en el ámbito de aplicación la ley, con el fin de “solicitar información, realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos”.

La Oficina tendrá capacidad de investigación sobre todas las administraciones públicas, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas o entidades privadas que reciban subvenciones, incluidos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.